Defensa de Calisto asegura contar con evidencia que podría revertir desafuero

Uno de los abogados que representa al parlamentario aseguró que un documento emanado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados no fue incluido en la carpeta investigativa.

En el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público respecto del diputado Miguel Ángel Calisto y una asesora, recientemente se conoció un antecedente que según explicaron desde la defensa del parlamentario por Aysén, sería importante para su postura.

Se trata de un documento emanado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados el 25 de julio de este año, en el que se asegura que no existieron reparos a los informes entregados por Carla Graff.   

“En lo que respecta a la evaluación de los informes, comprobantes de pago efectuados a doña Carla Graff Toledo, como se indica en el punto anterior, y del punto de vista formal, la administración no efectuó reparos porque ellos cumplieron con la norma vigente a la fecha de la prestación de los servicios”, consta el documento.

Además, explica que: “En nuestros registros de los informes anuales que el Comité de Auditoría Parlamentaria nos remite no tenemos constancia de observaciones efectuadas a sus contrataciones”, con relación a Carla Graff.

Desde la defensa plantearon que este documento sería importante para el argumento del parlamentario y señalaron que la calidad de trabajadora honorario externa de la asesora, permite suscribir estos contratos. 

Uno de los abogados, César Ramos, apuntó que el documento indica que el comité de auditoría parlamentaria, hizo un análisis pormenorizado del uso de las asignaciones, no realizó observaciones a las contrataciones del diputado, tampoco efectuó reparos respecto de Carla Graff y además dice que se cumplió con toda la normativa vigente a la fecha de la prestación de los servicios.

“Este antecedente, entre otros, no consta en la carpeta investigativa, son posteriores a la solicitud de desafuero que presentó la fiscalía y esto explica que el Ministerio Público no indagó adecuadamente los hechos. Por eso ahora que contamos con esta evidencia y otras más, esperamos revertir con esta el desafuero ante la Corte Suprema en las próximas semanas”, agregó Ramos.

“Cabe recordar que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias fue creado en el año 2010 luego de una serie de escándalos de probidad. Por lo anterior, se estableció mediante la Ley 20.447, modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para regular el uso de los recursos públicos destinados a financiar la función parlamentaria, promoviendo la transparencia y evitando que las propias corporaciones o parlamentarios determinen el uso de estos fondos”, cerró el abogado defensor.  Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.