Acogen recurso presentado por vecinos contra funcionamiento de albergue en Coyhaique

La Corte de Apelaciones consideró que varias instituciones han actuado de forma arbitraria ante de las denuncias de la comunidad.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió este lunes 12 de mayo el recurso de protección presentado contra la Subsecretaría de Servicios Sociales, la Seremi de Desarrollo Social de la Región de Aysén y la ONG Cidets, a cargo del albergue Protege en la capital regional.

Esto por considerar que el actuar violento de usuarios del albergue afecta el bienestar emocional y síquico de los vecinos, Además, irrumpe la sana convivencia y tranquilidad del vecindario del sector.

En fallo unánime, el tribunal concluyó que existió un actuar ilegal y arbitrario de las autoridades, ya que no se tomaron las medidas eficaces frente a los reclamos vecinales ni se garantizó una correcta vigilancia del albergue y sus usuarios.

La corte también enfatizó que es deber de las autoridades vigilar y controlar. Además, que el ejercicio de sus derechos tiene su límite en los derivados de la protección a terceros: “La ausencia de ello deviene en un actuar al menos arbitrario”, añade.

Para el tribunal, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la integridad síquica. 

Además, señala que la exposición continua y permanente, quebranta su bienestar emocional y síquico e irrumpe la sana convivencia y tranquilidad del vecindario.

Sentencia

Desde el tribunal resolvieron que las autoridades correspondientes deberán gestionar las herramientas necesarias para abordar las diversas problemáticas de funcionamiento del albergue denunciadas, a fin de que la conducta de los usuarios no vuelva a afectar la tranquilidad de los vecinos.

“Se acoge el recurso de protección solo en cuanto las recurridas deberán gestionar las herramientas necesarias, debiendo coordinar con los entes de Seguridad Pública Regionales, Municipalidad de Aysén, Carabineros de Chile o cualquier otro órgano competente”, indica la sentencia.

Además, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia y el ejecutor, ONG Cidets, deben informar al Tribunal dentro de 15 días, las medidas de protección y resguardo adoptadas.