Esta semana, el Juzgado de Garantía de Coyhaique resolvió declarar admisible la querella presentada por el diputado René Alinco, en contra de la exgobernadora de Aysén, Andrea Macías, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, contemplados en los artículos 239 y 240 del Código Penal.
La acción penal se funda en el informe final número 322-2024 de la Contraloría Regional de Aysén, el cual constató que, entre 2021 y 2023, la exautoridad regional intervino directamente en la asignación de recursos públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a favor de una fundación presidida por quien fuera su proveedor de campaña electoral, sin cumplir los requisitos legales, presupuestarios ni técnicos exigidos.
Entre las irregularidades denunciadas, se incluyen adjudicaciones directas por más de 27 millones de pesos, sin procedimiento público ni causal de excepción válida, así como rendiciones incompletas y perjuicio fiscal efectivo.
La querella solicita, además, que se cite a declarar al presidente de la fundación Manos que Ayudan Patagonia, Ramiro Bahamonde Montiel, en calidad que se determine, dada su eventual participación en la obtención de fondos públicos presuntamente irregulares.
El tribunal resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para la correspondiente investigación penal, ordenando además la designación de defensores públicos para los querellados en caso de no contar con abogado particular.
Asimismo, tuvo por acompañados los documentos y diligencias solicitadas, entre ellas citaciones, oficios administrativos, antecedentes bancarios y rendiciones de gastos electorales de la campaña de la exgobernadora.
Respecto a la querella presentada, el diputado René Alinco, reafirmó su compromiso con el buen uso de recursos públicos.
“El tiempo me ha dado la razón. No dejo de recordar que cuando denuncié estos hechos en agosto de 2023, fui objeto de críticas, burlas y descalificaciones personales. Por eso recurrí a la Contraloría y con esta resolución judicial, se da un paso importante en el camino hacia el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas que nuestra región exige”, declaró el parlamentario.
El diputado aclaró que esta acción penal no está dirigida en contra de la fundación ni contra las personas que participan en ella.
“Esta querella apunta exclusivamente a la eventual responsabilidad de quienes, desde posiciones de poder o representación, podrían haber vulnerado las reglas de probidad y legalidad en el uso de recursos públicos”, explicó Alinco.
Finalmente, la autoridad dijo que, en base a los antecedentes el tribunal determinará las responsabilidades: “Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia”, cerró.
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