Detienen a prófugo de la justicia por delitos de abuso sexual

El hombre fue detenido por la Brisex de la PDI en un sector rural de Puerto Aysén.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Coyhaique de la PDI detuvieron a un hombre de 56 años, quien se encontraba prófugo de la justicia tras ser condenado por tres delitos de abuso sexual infantil en contra de diferentes víctimas.

El fiscal Luis Contreras señaló que se desarrollaron diversas diligencias por parte de la Policía de Investigaciones a requerimiento de la Fiscalía, para dar con el paradero de una persona condenada a la pena de 10 años de presidio mayor, de nombre Pablo Orellana.

El Tribunal de Garantía decretó una orden de detención con fecha 13 de mayo de 2022 a Orellana, toda vez que esta persona no se presentó a cumplir condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Gendarmería en Coyhaique.

La subprefecta Isabel Hernández, jefa de la Brisex Coyhaique, indicó que el trabajo investigativo de los oficiales permitió establecer la ubicación y detención del condenado quien, en conocimiento de la pena dictada en su contra, se mantuvo prófugo, aprovechando la geografía de la región, la escasa conectividad fluvial y terrestre del lugar donde se encontraba oculto.

Sobre los resultados de esta diligencia se dio cuenta al Juzgado de Garantía de la ciudad, quien dispuso que el condenado fuera trasladado hasta el Centro Penitenciario de Gendarmería de Chile en Coyhaique para cumplir su condena y dar cumplimiento al periodo de privación de libertad de esta persona por su responsabilidad en distintos delitos de abuso sexual infantil.

Cabe señalar que el proceso investigativo que permitió esta condena responde a un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, en base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, cuyas diligencias investigativas fueron fundamentales para esclarecer los hechos.

Tanto desde la Fiscalía como de la PDI realizaron un llamado a la ciudadanía y a los adultos responsables a denunciar oportunamente aquellos sucesos que afecten los derechos e indemnidad de los niños, niñas y adolescentes para esclarecer los delitos a través de las investigaciones y entregar justicia a las víctimas.